El 9 de septiembre de 2025 quedará grabado en la historia de Nepal como el día en que la Generación Z tomó las calles de Katmandú, incendió el Parlamento y obligó a renunciar al primer ministro Khadga Prasad Oli tras una represión policial que dejó 19 muertos y cientos de heridos. Lo que comenzó como una protesta contra el bloqueo de redes sociales se transformó en una revuelta popular que expuso la profunda crisis política y social que atraviesa el país. Aunque Oli anunció su renuncia en un intento por calmar los ánimos, la decisión llegó demasiado tarde: los manifestantes, liderados por jóvenes hartos de corrupción y falta de oportunidades, no están dispuestos a retroceder.

Las protestas estallaron el 5 de septiembre, cuando el gobierno de Oli ordenó el bloqueo de plataformas como Facebook, X (Twitter) y YouTube, alegando que estas difundían «odio y rumores». La medida, sin embargo, fue vista como un intento de censura para silenciar las críticas contra la élite política. Pero lo que el gobierno no anticipó fue la reacción masiva de los jóvenes, quienes, hartos de décadas de corrupción y falta de oportunidades, convirtieron la protesta en un movimiento de resistencia. El 8 de septiembre, la policía abrió fuego contra miles de manifestantes que rodeaban el Parlamento, dejando un saldo de 19 muertos y más de 300 heridos. Las imágenes de los cuerpos sin vida, compartidas masivamente a pesar del bloqueo, avivaron la indignación y transformaron la marcha en una revuelta sin precedentes.

El 9 de septiembre, Katmandú amaneció bajo un toque de queda que nadie respetó. Decenas de miles de personas, muchas de ellas con el rostro cubierto y ondeando la bandera nacional, asaltaron el complejo parlamentario, prendieron fuego al edificio principal y avanzaron hacia las residencias privadas de los líderes políticos. La casa de Oli, así como las viviendas del presidente Ram Chandra Poudel, el ministro del Interior Ramesh Lekhak y la familia del exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, fueron incendiadas. El aeropuerto internacional de Katmandú quedó parcialmente cerrado por el humo de los incendios, mientras los manifestantes coreaban consignas como «¡Justicia para los muertos!» y «¡Fuera la élite corrupta!».

La renuncia de Oli, anunciada en una carta al presidente donde expresaba su deseo de «facilitar una solución política», fue recibida con escepticismo. «¿Qué solución puede haber cuando nuestros hermanos están muertos y los responsables siguen libres?», preguntó Sudan Gurung, un manifestante de 22 años. La dimisión del primer ministro, junto con la de al menos cinco ministros, no logró apaciguar los ánimos. Al contrario, la ausencia de una respuesta contundente del Estado fue interpretada como una señal de debilidad que alientó a los manifestantes a seguir adelante.

El origen de esta explosión social va más allá del bloqueo a las redes sociales. Nepal, un país de 30 millones de habitantes atrapado entre las potencias regionales de India y China, arrastra una crisis de gobernabilidad que se ha agravado en los últimos años. El desempleo juvenil supera el 20%, según el Banco Mundial, y cada día más de 2,000 jóvenes emigran en busca de trabajo. Mientras tanto, los hijos de la élite política —apodados «Hijos del Nepotismo»— exhiben en redes sociales un estilo de vida lujoso, en un contraste que los nepalíes comunes perciben como una bofetada a su dignidad. «El país se ha deteriorado tanto que no hay razones para quedarnos», declaró Bishnu Thapa Chetri, un estudiante universitario que participó en las protestas.

La violencia del 8 y 9 de septiembre no solo dejó muertos y edificios destruidos, sino que expuso la fragilidad de las instituciones nepalíes. El presidente Poudel, cuya figura es principalmente ceremonial, hizo un llamado al diálogo, pero su voz se perdió entre el rugido de las multitudes. El jefe del ejército, Ashok Raj Sigdel, instó a la calma en un mensaje en video, pero su advertencia de que las fuerzas de seguridad «están comprometidas a preservar el orden» sonó hueca ante la falta de acción concreta. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba con preocupación. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su «consternación por la escalada de violencia» y pidió una investigación independiente.

Lo que sigue ahora es una incertidumbre total. Oli fue nombrado jefe de un gobierno interino, pero no está claro qué poder real tendrá ni cómo se formará un nuevo ejecutivo. Los manifestantes, por su parte, no parecen dispuestos a retroceder. «El gobierno ha caído, los jóvenes hemos ganado y tomado el control del país», declaró un joven mientras grababa con su teléfono el Parlamento en llamas. «El futuro nos pertenece», añadió, en un grito que resume el sentimiento de una generación que ya no está dispuesta a aceptar las migajas de un sistema podrido. Mientras el humo sigue elevándose sobre Katmandú, una pregunta queda en el aire: ¿Estamos ante el inicio de una revolución en Nepal, o solo ante el preludio de un caos aún mayor?