Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo esta semana dos ataques letales contra embarcaciones en el Pacífico oriental, marcando una nueva etapa en su campaña contra el narcotráfico. Estos incidentes, que elevan a nueve el número total de operaciones similares desde septiembre, representan una expansión geográfica de la estrategia estadounidense, que hasta ahora se había concentrado en el mar Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas a «Organizaciones Terroristas Designadas» y participaban en actividades de narcotráfico. «Los narcoterroristas no encontrarán refugio en nuestro hemisferio», declaró Hegseth, equiparando a los traficantes con Al Qaeda y justificando las acciones bajo una opinión legal clasificada que permite tratar a los presuntos narcotraficantes como «combatientes enemigos», sin necesidad de revisión judicial.

Esta estrategia ha generado controversia internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a EE.UU. de matar a un ciudadano colombiano inocente en un ataque anterior, mientras que otros líderes sudamericanos han cuestionado la legalidad de estas operaciones. El presidente Trump defendió los ataques como una medida de seguridad nacional, argumentando que «cada barco destruido salva 25,000 vidas estadounidenses» y que su administración tiene «autoridad legal» para actuar en aguas internacionales.

Aunque Trump ha autorizado operaciones encubiertas en Venezuela, sugirió que podría buscar aprobación del Congreso para futuras acciones en tierra, reconociendo los desafíos legales de detener sospechosos sin un proceso judicial formal.

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