El presidente Luis Abinader firmó el reglamento de aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que prohíbe a funcionarios y legisladores tener cualquier tipo de participación en empresas que negocien con el Estado. Esta normativa, que entró en vigencia tras más de 180 días de su promulgación en julio de 2025, busca eliminar conflictos de interés y fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Un régimen de incompatibilidad más estricto El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la nueva ley restablece el régimen de consecuencias que fue suprimido en 2006. Ahora, ministros, senadores, diputados, alcaldes y regidores no podrán contratar con el Estado, sin importar su participación accionaria en la empresa. En la legislación anterior, se permitía una participación de hasta 10%, lo que generaba riesgos de corrupción.
Sanciones para quienes violen la ley La Ley 47-25 establece sanciones administrativas y penales, incluyendo privación de libertad de 2 a 10 años para quienes incumplan estas disposiciones. Pimentel destacó que estas medidas buscan cerrar los espacios de abuso y fortalecer los controles en la gestión pública, evitando la improvisación y la falta de transparencia.
Un Estado más transparente y eficiente El presidente Abinader enfatizó que el objetivo de esta reforma es que el Estado dominicano funcione con normas claras y permanentes. «Este Gobierno ha apostado por algo fundamental: que las instituciones sean más fuertes que las personas, que las reglas sean más duraderas que los cargos, y que el interés general esté por encima de cualquier conveniencia particular», declaró. La nueva ley también refuerza la planificación, mejora la competencia y fortalece los controles, alineando al país con estándares internacionales de buena gobernanza.
Un modelo de gestión moderna Abinader destacó que esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, sino hacerla más eficiente y confiable. El reglamento, contenido en el Decreto 52-26, consolida un modelo donde las decisiones son transparentes, verificables y con responsables claros. El mandatario también reconoció el trabajo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y los equipos técnicos que hicieron posible este avance.
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