El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) liberó a la dominicana Inocencia Rodríguez, de 32 años, tras acatar una orden de la jueza federal María Antongiorgi Jordán. Rodríguez había sido detenida el 10 de julio en un operativo de ICE en Guaynabo, Puerto Rico, y fue recibida por sus seres queridos al salir del centro de detención. «Me siento agradecida con Dios porque nunca me soltó, con mi equipo de abogados, mis cuñadas, mi esposo; adentro también me trataron bien. Todo en la vida es para uno aprender», declaró.

La intervención de la justicia federal

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había informado que la jueza ordenó una vista de fianza para Rodríguez en o antes del 21 de julio. La orden judicial estipulaba que, si no se celebraba la audiencia conforme a la Sección 1226(a), Rodríguez debía ser liberada de inmediato.

El abogado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU en Puerto Rico, denunció que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza se negó a verificar que Rodríguez tenía una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas, documentos que demuestran que su detención era ilegal. «La orden representa una intervención necesaria para proteger el debido proceso de Inocencia y de todas las personas frente a políticas públicas discriminatorias», afirmó Arraiza Navas.

La jueza Antongiorgi Jordán ya había detenido el traslado de Rodríguez fuera de Puerto Rico y advertido sobre la posible ilegalidad de su arresto. «Cuando el gobierno detiene ilegalmente a una persona y los mecanismos ordinarios fallan, los tribunales federales tienen el deber de intervenir», subrayó Anette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico.

El caso de Rodríguez

Rodríguez fue detenida el 10 de julio en un punto de control de ICE en Guaynabo mientras conducía su vehículo. Según la ACLU, no existía orden de arresto en su contra emitida por el gobierno de Puerto Rico.