El anuncio

El canciller dominicano, Víctor «Ito» Bisonó, anunció este viernes 2 de octubre la decisión de la República Dominicana de retirar su embajada en Nicaragua mientras «persistan las condiciones» que afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país. «Hago pública en la presente consulta de cancilleres la decisión dominicana de retirar nuestra embajada del hermano país de Nicaragua hasta tanto persistan las condiciones que aquí hemos denunciado», declaró el canciller durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, D.C., donde además fue electo vicepresidente del cónclave.

El encuentro fue convocado para examinar la situación de Nicaragua y determinar posibles acciones conforme a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional, y concluyó con la aprobación de un proyecto de resolución sobre el país. La Cancillería detalló en un comunicado que la decisión responde a la política exterior del presidente Luis Abinader, que tiene entre sus pilares la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos.

Los argumentos

Bisonó sostuvo que la respuesta regional debe «trascender los pronunciamientos y traducirse en acciones concretas», y manifestó que República Dominicana «está dispuesta a respaldar, de manera proactiva y constructiva, los esfuerzos encaminados por la OEA para cumplir con el compromiso en materia democrática». El canciller recordó asimismo que «numerosos países de la región han atravesado en distintos momentos de su historia períodos de dictadura y autoritarismo», experiencias que «deben reforzar el compromiso colectivo con la defensa de las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos de las Américas».

El contexto bilateral

La decisión se produce después de que el 9 de septiembre la Cancillería dominicana anunciara el cierre de la embajada de Nicaragua en Santo Domingo, y tras el llamado a consultas de la embajadora dominicana acreditada en Managua, decidido en julio «ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos». Las tensiones se intensificaron cuando el Gobierno dominicano condenó «en los términos más enérgicos» la afirmación del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones», calificándola de «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa». En respuesta, el Gobierno nicaragüense criticó que el pueblo dominicano tuviera «voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones». La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó posteriormente en primera legislatura una reforma constitucional que excluye de cargos de elección popular a los opositores considerados «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial.