La historia de Oscar Belgal comenzó como una tarde cualquiera en Marble Hill y se convirtió en un caso nacional. El dominicano de 28 años había recogido a su hijo de cinco años de la escuela el 8 de octubre y buscaba estacionarse cuando notó que bloqueaba una boca de incendios. Al intentar mover el vehículo, un hombre enmascarado — que según la defensa nunca se identificó como agente — rompió su ventanilla y abrió fuego contra el interior del carro, con el niño en el asiento trasero.

Una bala se alojó en el cuello de Belgal, provocando una hemorragia inmediata. Según sus representantes, el padre salió a pedir ayuda, pero los hombres lo inmovilizaron en el suelo, lo esposaron y lo dejaron semiconsciente y sangrando. Él solo descubrió que sus atacantes eran agentes del ICE al despertar en el hospital. (Diario Libre)

Las cámaras del NYPD captaron la secuencia: un sujeto con gorra roja golpea y dispara, un segundo agente desenfunda, Belgal intenta alejarse hacia la calle y el primer hombre lo persigue. Testigos y cámaras corporales documentaron luego al herido esposado junto al auto.

La demanda por su libertad

Este miércoles, la batalla pasó a los tribunales: The Legal Aid Society presentó un recurso de hábeas corpus en la corte federal de Brooklyn pidiendo la liberación inmediata de Belgal, argumentando que el arresto fue ilícito y que permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn sin la cirugía urgente que los médicos le recomiendan. «Con una bala aún alojada en su cuello y sus graves necesidades médicas sin atender, cada día adicional bajo custodia aumenta el riesgo que enfrenta», declararon sus abogados Perry McAninch y Elyssa Williams, citando el historial de negligencia médica del recinto. (NY Daily News)

Frente a ello, el DHS defiende el operativo: los agentes dispararon porque temieron por sus vidas y Belgal presuntamente tiene vínculos con los Trinitarios, mientras su secretario Markwayne Mullin sostiene que los agentes ignoraban que había un niño en el carro y que fue el padre quien lo puso en peligro. La respuesta judicial ya dio una primera señal: un juez bloqueó temporalmente su deportación y cualquier traslado fuera de Nueva York y Nueva Jersey. Legal Aid, que documentó al menos 21 personas baleadas por agentes federales desde el inicio de la segunda administración Trump, exige una investigación transparente y rendición de cuentas. (Legal Aid Society)

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