Santo Domingo, República Dominicana – El presidente Luis Abinader ha emitido una advertencia a los funcionarios públicos que aspiran a cargos electivos, instándoles a renunciar a sus posiciones si desean participar en actividades de proselitismo político. Abinader subrayó que el proselitismo político desde la administración pública no está permitido, reafirmando su postura en su cuenta de X.

«Soy un presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite», expresó Abinader. «Seguiremos gobernando para la gente y por eso, les digo a todos los precandidatos y a sus coordinadores: no están permitidos los actos proselitistas a funcionarios. Si quieren hacer campaña, deberán dejar sus cargos».

En un gesto de apoyo al llamado del presidente, el ministro de Turismo, David Collado, respondió apenas cuatro minutos después de la publicación de Abinader. Collado reafirmó que los funcionarios deben abstenerse del proselitismo político. «Nos concentraremos en nuestras responsabilidades y nos abstendremos del proselitismo público», declaró Collado. «Como lo hemos manifestado públicamente y en la práctica, estamos enfocados en nuestra agenda nacional e internacional para seguir posicionando a la República Dominicana como líder en la región y sumando logros e iniciativas en beneficio de todos», añadió.

La discusión sobre el proselitismo político también captó la atención de Guido Gómez Mazara, un destacado dirigente político. En una carta pública dirigida al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ignacio Paliza, Gómez Mazara advirtió sobre los riesgos que enfrenta el partido si no encamina sus procesos internos dentro de la institucionalidad y el respeto a los tiempos legales. Aunque no mencionó directamente a ningún aspirante, Gómez Mazara señaló que «el irrespeto a las reglas abre paso a la improvisación, a la anarquía interna y a una pérdida de credibilidad que puede costarle al PRM su base moral frente al electorado».

Las declaraciones de Abinader y las reacciones subsiguientes reflejan un esfuerzo por mantener la integridad y la transparencia en la administración pública, asegurando que los funcionarios se concentren en sus responsabilidades oficiales sin involucrarse en actividades políticas partidistas. Este enfoque busca fortalecer la confianza del público en las instituciones gubernamentales y garantizar que los procesos electorales se lleven a cabo dentro del marco legal y ético establecido.