El Tribunal Supremo Popular de Cuba sentenció este lunes al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, a cadena perpetua por una serie de delitos graves, entre ellos espionaje, traición a la patria y corrupción. Gil, quien fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Miguel Díaz-Canel, fue destituido en febrero de 2024 en medio de acusaciones de malversación y deslealtad, lo que marcó el inicio de un proceso judicial sin precedentes en la isla.
De funcionario clave a preso político
Gil había sido una figura central en el gobierno cubano desde 2018, cuando asumió el ministerio de Economía y Planificación. Su rol fue crucial en la implementación de la Tarea Ordenamiento, una reforma monetaria que buscaba eliminar el sistema de doble moneda en Cuba, pero que terminó en un fracaso económico y profundizó la dolarización informal. Además, impulsó medidas de ajuste impopulares, como el aumento de hasta un 400% en los precios de los combustibles, lo que generó un profundo malestar social.
Su destitución en febrero de 2024 fue inesperada, y aunque Díaz-Canel le dedicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales, un mes después reveló que Gil estaba siendo investigado por «graves errores». El presidente cubano aseguró que «ni el Partido Comunista de Cuba (PCC) ni el Gobierno permitirían la corrupción», lo que marcó el inicio de un proceso judicial histórico.
Los cargos y la sentencia
El Tribunal Supremo Popular declaró a Gil culpable de múltiples delitos, entre ellos:
- Espionaje: Por compartir información clasificada con «servicios del enemigo».
- Cohecho y tráfico de influencias: Para falsificar documentos y evadir impuestos.
- Sustracción y daño de documentos oficiales: Incluyendo la violación de sellos y normas de protección de información sensible.
Gil fue juzgado en dos procesos separados:
- El primero, entre el 11 y 13 de noviembre de 2025, por delitos de seguridad nacional, incluyendo espionaje.
- El segundo, entre el 26 y 29 de noviembre, por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal, por el que recibió una condena adicional de 20 años de prisión.
El tribunal argumentó que Gil «engañó al gobierno y al pueblo», generando daños económicos y comprometiendo la seguridad nacional. Según la sentencia, sus acciones constituyen «la traición más grave que puede cometerse contra el Estado», lo que justifica la pena máxima.
Contexto político y social
La condena a Gil envía un mensaje claro desde el gobierno cubano: la corrupción y el espionaje no serán tolerados, especialmente en un contexto de crisis económica y descontento social. Este caso es el más grave de su tipo en décadas y refleja las tensiones internas dentro del régimen, donde la lealtad al PCC y la lucha contra la corrupción son prioritarias en medio de una población cada vez más frustrada por la escasez y la falta de libertades.
Gil tiene 10 días para apelar la sentencia, pero dado el carácter político del caso, es poco probable que la condena sea revocada. Su caída no solo marca un hito en la historia reciente de Cuba, sino que también expone los desafíos que enfrenta el gobierno para mantener la estabilidad en un país en crisis.
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