Una investigación para garantizar la legalidad Un grupo de 68 congresistas demócratas, liderados por Adriano Espaillat y Ron Wyden, ha solicitado al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, que inicie una investigación inmediata sobre el ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El objetivo es determinar si estas agencias han reanudado la compra de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, una práctica que ya fue declarada ilegal en 2023.
Un antecedente de violaciones a la ley En 2023, el inspector general del DHS concluyó que el ICE violaba la ley al comprar datos de ubicación sin autorización judicial, lo que llevó a la suspensión del programa. Sin embargo, en 2025, el ICE contrató sin licitación a Penlink, una empresa vinculada a Cobwebs Technologies, conocida por su historial de vigilancia abusiva. Meta prohibió a Cobwebs en 2021 tras descubrir que sus clientes espiaban a activistas y políticos en Hong Kong y México.
La privacidad en riesgo Los legisladores advirtieron que los datos de ubicación son extremadamente sensibles, ya que pueden revelar detalles íntimos como creencias religiosas, afiliaciones políticas, condiciones de salud y relaciones personales. «El gobierno debe obtener una orden judicial para acceder a estos datos», señalaron en su carta, destacando la gravedad de las posibles violaciones.
Falta de transparencia del ICE El ICE ha evitado la supervisión del Congreso. En octubre de 2025, el senador Wyden solicitó una reunión informativa, pero el ICE la canceló sin explicación en febrero de 2026, lo que aumenta las sospechas de que la agencia está ocultando información sobre sus prácticas de vigilancia.
Puntos clave de la investigación solicitada Los congresistas pidieron que se investigue:
- Si el ICE y el DHS están adquiriendo datos de ubicación de manera ilegal.
- Si estos datos se han usado para vigilar actividades protegidas por la Constitución, como protestas.
- Si el DHS ha realizado auditorías para detectar abusos en el acceso a estos datos.
- Por qué el DHS no ha implementado políticas para regular el uso de datos de ubicación, como se recomendó en 2023.
Un esfuerzo por proteger los derechos civiles La carta, respaldada por legisladores como Elizabeth Warren, Cory Booker y Alexandria Ocasio-Cortez, refleja una creciente preocupación por la privacidad de los ciudadanos y el uso indebido de fondos públicos. Los congresistas subrayaron la necesidad de transparencia y rendición de cuentas para evitar que el ICE y el DHS violen derechos fundamentales.
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