El presidente Luis Abinader ha firmado el decreto 76-25, que establece la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. Esta medida se produce tras recibir denuncias de corrupción en varias provincias del país, según anunció en una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

Aunque Abinader no especificó las provincias afectadas ni proporcionó detalles adicionales sobre las denuncias, señaló que los casos han alcanzado niveles altos, medios y de contacto territorial. «Hemos tenido denuncias en las provincias que van más allá, y que tenemos que abordar en todos los niveles», afirmó.

El objetivo de la nueva comisión es reforzar la lucha contra la corrupción en la administración pública. «Es un sistema de respeto institucional y transparencia. Todo es ganar-ganar en la lucha por la transparencia y contra la corrupción», declaró Abinader.

La comisión, coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y con la dirección ejecutiva a cargo de Contrataciones Públicas, implementará estrategias de prevención, transparencia, acceso a la información, auditorías y recuperación de activos ilícitos.

Entre sus acciones, la comisión supervisará compras y contrataciones del Estado, recuperará bienes adquiridos ilícitamente, creará un observatorio de transparencia y fortalecerá un sistema nacional de denuncias de corrupción. Además, se establecerán acciones para recuperar fondos desviados en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

Abinader destacó la importancia del involucramiento ciudadano en la lucha contra la corrupción. «El acceso a la información pública, las denuncias de corrupción a través de canales oficiales y la inclusión de la sociedad civil y medios de comunicación en la supervisión son fundamentales», dijo.

El presidente recordó que se han remitido 47 denuncias al Ministerio Público por la DIGEID, 426 informes al PEPCA por la Unidad Antifraude de la Contraloría y se han cancelado 108 procesos por Compras y Contrataciones. Además, se han registrado 160 resoluciones que inhabilitan el registro de proveedores de funcionarios, y el país ha mejorado 33 posiciones en el índice de percepción de corrupción (IPC) desde 2020.