Adriano Espaillat, congresista demócrata por Nueva York y de origen dominicano, ha expresado su preocupación por la intervención militar de Donald Trump en Venezuela, argumentando que esta acción violenta la Constitución de Estados Unidos. Aunque Espaillat rechaza el régimen de Nicolás Maduro, insiste en que cualquier intervención militar debe ser autorizada por el Congreso para ser legítima y constitucional.

En su mensaje en X, Espaillat recordó que la Constitución otorga al Congreso la autoridad exclusiva para declarar la guerra y autorizar el uso de la fuerza militar. «El Ejecutivo no tiene autoridad para actuar unilateralmente en asuntos de esta magnitud», declaró el legislador, quien ha hecho un llamado a sus colegas para que exijan transparencia y rendición de cuentas sobre el operativo en Venezuela. Este énfasis en la necesidad de supervisión congressional es fundamental para mantener el equilibrio de poderes y el respeto a los procedimientos democráticos.

El congresista también expresó su preocupación por las posibles consecuencias a largo plazo de esta intervención, no solo para Venezuela, sino para la estabilidad de toda la región. Espaillat argumentó que acciones unilaterales sin la debida supervisión pueden generar inestabilidad y afectar a países vecinos, incluyendo a República Dominicana, donde tiene raíces familiares y una base electoral significativa. Su postura busca equilibrar el rechazo al régimen de Maduro con la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales y el derecho internacional.

Además, Espaillat instó a que el Congreso reciba información detallada sobre el operativo y sus implicaciones, destacando la importancia de que el poder legislativo ejerza su rol de supervisión. «El Congreso debe ser informado y consultado antes de que Estados Unidos se involucre en hostilidades contra otro país», afirmó, subrayando que la falta de transparencia puede tener consecuencias graves para la credibilidad de Estados Unidos en el escenario internacional.

El debate generado por la intervención en Venezuela también ha puesto de manifiesto las divisiones dentro del Congreso y la sociedad estadounidense. Mientras algunos ven la acción de Trump como un paso necesario para combatir el narcotráfico y restaurar la democracia en Venezuela, otros, como Espaillat, advierten sobre los riesgos de actuar sin el debido proceso legal y el consenso internacional. Este debate es crucial en un momento en que Estados Unidos enfrenta desafíos significativos en su política exterior y necesita mantener su credibilidad como defensor del estado de derecho.