El presidente Luis Abinader volvió a colocar el tema de la deuda pública en el centro del debate nacional, esta vez con un tono desafiante que buscó desmontar las críticas de la oposición y reafirmar su narrativa de una gestión fiscal responsable. Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el mandatario presentó cifras que, según él, demuestran que su gobierno ha logrado lo que ninguno en décadas: reducir la deuda como porcentaje del PIB, pasando del 49.7% al 46.9%. Sin embargo, más allá de los números, su intervención dejó al descubierto las grietas de un modelo económico que, aunque muestra avances en algunos indicadores, sigue generando escepticismo en amplios sectores de la sociedad.

El argumento central de Abinader fue que el 80% de los préstamos contraídos durante su gestión se destinaron a pagar deudas heredadas de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Este dato, aunque contundente, no logra ocultar una realidad más compleja: el monto absoluto de la deuda sigue siendo el más alto de la historia, superando los 45,000 millones de dólares. Además, el servicio de la deuda —es decir, los intereses que el Estado debe pagar— ha aumentado en un 50% desde 2020, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia. ¿Realmente se está resolviendo el problema de la deuda o solo se está postergando para futuras administraciones?

Otro aspecto que generó controversia fue la falta de claridad sobre el 20% restante de los préstamos, que, según Abinader, se destinaron a inversiones, particularmente en el sector turístico. El presidente celebró que el país superará los 11.5 millones de turistas en 2025, un récord que, sin duda, refleja la fortaleza de este sector. Sin embargo, no explicó cómo estos ingresos se traducen en beneficios concretos para la mayoría de los dominicanos, más allá de la generación de empleo en hoteles y servicios relacionados. Economistas advierten que, aunque el turismo es un pilar fundamental de la economía, su excesiva dependencia podría convertirse en un talón de Aquiles si no se diversifican las fuentes de ingreso.

El tercer tema espinoso fue la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde Abinader eludió dar explicaciones detalladas sobre por qué ninguno de los jueces evaluados fue ratificado en sus cargos. Su respuesta, limitada a una referencia genérica a la Constitución, no logró calmar las críticas de quienes exigen mayor transparencia en un proceso que, históricamente, ha estado marcado por influencias políticas. Aunque José Ignacio Paliza, presidente del PRM, argumentó que el gobierno ha actuado con «institucionalidad», informes de organizaciones como Participación Ciudadana revelan que tres de los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) tienen vínculos con el partido de gobierno, lo que contradice el discurso oficial de independencia.

Lo que queda claro tras las declaraciones de Abinader es que, aunque el gobierno insiste en que su gestión ha sido la más responsable en décadas, la falta de transparencia en temas clave sigue siendo un punto débil. La ciudadanía no solo quiere escuchar sobre récorde turísticos o reducciones porcentuales de la deuda, sino también respuestas claras sobre cómo estas políticas afectan su vida cotidiana. Mientras el presidente celebra sus logros, muchos se preguntan si estos avances son reales o si, por el contrario, son solo maquillajes estadísticos que posponen problemas más profundos. En un país donde la memoria de crisis económicas pasadas aún pesa, la confianza no se construye solo con discursos, sino con hechos, datos y transparencia.