El presidente José Jerí decretó este miércoles un estado de emergencia en Perú, que suspende derechos constitucionales, como el derecho a la protesta, y despliega militares en las calles de Lima para combatir el aumento del crimen. La medida, que durará 30 días, incluye la prohibición de que dos adultos viajen en una misma motocicleta, aunque esta norma no se está aplicando en la práctica, según The Associated Press.

El decreto también autoriza a la policía a solicitar documentos de identidad en calles y autobuses, y establece restricciones en las cárceles, como la reducción de visitas a los reos, el corte de suministro eléctrico en las celdas y la destrucción de antenas telefónicas ilegales cerca de los centros penitenciarios. Estas acciones buscan frenar las comunicaciones entre los reclusos y las redes criminales.

La decisión llega en un momento de tensión social, luego de que miles de jóvenes de la Generación Z protestaran la semana pasada exigiendo la renuncia de Jerí. Las manifestaciones dejaron un muerto y un herido grave, mientras que el primer ministro, Ernesto Álvarez, calificó a los manifestantes de «banda que quiere tomar por asalto la democracia», vinculándolos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Los ciudadanos, sin embargo, dudan de la efectividad de estas medidas. «Los estados de emergencia no han funcionado antes. Las extorsiones y los asesinatos siguen», declaró Manuel Timoteo, un residente de Lima. «Los soldados aparecen unos días y luego todo vuelve a ser igual», añadió, reflejando el escepticismo hacia las acciones del gobierno.

El aumento del crimen en Perú es preocupante. Según la fiscalía, los asesinatos pasaron de 676 en 2017 a 2,082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión crecieron de 2,305 en 2020 a 21,746 en 2023. Jerí, quien asumió el cargo el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, aún no ha aclarado si derogará seis leyes que, según analistas, han debilitado la lucha contra el crimen y que son rechazadas por los manifestantes.

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