La nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25, que entra en vigencia este 28 de enero de 2026, establece la suspensión de proveedores vinculados a funcionarios públicos, incluso si no tienen participación accionaria en las empresas. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, explicó que esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia en el manejo de fondos públicos.
Cambios en la normativa La ley elimina el umbral del 10% de participación accionaria que se permitía antes y establece en cero cualquier nivel aceptable para funcionarios en régimen de incompatibilidad, como ministros, legisladores y alcaldes. «El propósito es separar claramente la función pública de los intereses privados», señaló Pimentel.
Depuración del Registro de Proveedores La Dirección General de Contrataciones Públicas iniciará un proceso de depuración para identificar empresas vinculadas a funcionarios que incumplan la normativa. Aunque se respetará el debido proceso, los registros que no se ajusten serán suspendidos.
Sanciones penales por fraude La nueva normativa tipifica como delito el uso de maniobras fraudulentas para ocultar vínculos entre funcionarios y proveedores, con penas de 2 a 10 años de prisión y sanciones económicas. Esto busca eliminar prácticas como el uso de testaferros.
Modernización del sistema de compras La Ley 47-25 introduce nuevas modalidades de contratación, procesos más ágiles y mayores controles para garantizar que el gasto público se traduzca en bienes y servicios de calidad. Pimentel destacó que estas medidas alinean a la República Dominicana con los estándares internacionales en transparencia.
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