El Ministerio Público de República Dominicana ha desmantelado una red de corrupción que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, especialmente en el área de seguridad privada en empresas estatales. Esta red, que involucra a varios oficiales de alto rango, incluyendo coroneles y un mayor general retirado, pagó más de 100 millones de pesos en sobornos para asegurarse contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), lideró el equipo de fiscales que presentó ante la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medidas de coerción contra los implicados. Ortiz advirtió que la operación «apenas comienza» y anticipó más arrestos e investigaciones en esta primera fase del proceso, lo que sugiere que este caso podría tener ramificaciones más extensas de lo inicialmente previsto.
El equipo de fiscales, encabezado por la procuradora Mirna Ortiz, presentó la solicitud de medidas de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esta solicitud se dirige contra los implicados en la red de corrupción desmantelada en la Operación Lobo, que incluye a varios coroneles y a un mayor general retirado. La red de corrupción desmantelada pagó más de 100 millones en sobornos por contratos de seguridad privada, lo que ha generado una gran preocupación en la sociedad dominicana.
«El Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, especialmente en el área de seguridad privada en empresas estatales», afirmó Ortiz. Hasta el momento, se han recabado más de 500 pruebas que vinculan a los arrestados con actos de corrupción, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación exhaustiva.
Entre los implicados figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez. También fueron incluidos en la solicitud de prisión preventiva el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Además de las acusaciones por corrupción, se solicitó que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los daños al Estado y la cantidad de implicados. Esto refleja la complejidad del caso y la necesidad de un enfoque meticuloso para abordar todas las facetas de la red de corrupción.
Ortiz explicó que los imputados violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que las operaciones fraudulentas afectaron a instituciones clave, incluyendo el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur. «Se trata de una estafa contra el Estado que atenta contra la libre competencia y perjudica a instituciones que brindan servicios a poblaciones vulnerables», subrayó Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.
La investigación se originó a partir de una denuncia recibida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que dio pie a la recolección de evidencia que sustenta el expediente presentado. «Esto apenas comienza», enfatizó Ortiz. «Ahora se abre la etapa preparatoria que dará paso a una investigación más profunda. Vamos por más», lo que indica que el Ministerio Público está comprometido en llevar este caso hasta sus últimas consecuencias y asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.