NUEVA YORK — El congresista Adriano Espaillat expresó su respaldo a la reciente decisión de un juez federal que bloquea temporalmente los arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro y alrededor de los tribunales de inmigración de Nueva York, al considerar que dichas acciones socavan el debido proceso y generan temor entre las comunidades inmigrantes.
“ICE no tiene lugar en nuestros tribunales. Los inmigrantes que siguen el debido proceso no deberían temer la amenaza de detención y deportación cuando se presentan ante la corte de inmigración”, dijo Espaillat. “Debemos seguir defendiendo la justicia y la transparencia en nuestro proceso migratorio. Los estadounidenses y los inmigrantes en este país lo merecen — nuestros valores así lo exigen”.
La decisión judicial representa un importante revés para las políticas migratorias implementadas por la Administración Trump, las cuales permitían que agentes de ICE arrestaran a inmigrantes al asistir a sus audiencias judiciales. Organizaciones defensoras de los derechos civiles y abogados de inmigración habían denunciado durante meses que estas prácticas intimidaban a las personas que buscaban cumplir con los procedimientos legales establecidos.
Espaillat, quien actualmente preside el Caucus Hispano del Congreso, ha sido uno de los críticos más firmes de ICE y ha reiterado en múltiples ocasiones su apoyo al desmantelamiento de la agencia, argumentando que sus políticas y operaciones han causado miedo, separación familiar y violaciones a los derechos humanos de inmigrantes y solicitantes de asilo.
Como parte de sus esfuerzos de supervisión congresual, Espaillat ha participado en visitas a centros de detención de ICE para evaluar las condiciones en las que permanecen detenidos migrantes y familias. El congresista ha denunciado públicamente las condiciones inhumanas y la falta de transparencia en varias instalaciones administradas por la agencia federal.
La ley federal, específicamente la Sección 527 de la Ley de Asignaciones Presupuestarias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2024, autoriza a los miembros del Congreso a visitar instalaciones de ICE donde se encuentran detenidos inmigrantes sin necesidad de notificación previa. Sin embargo, durante este año, varios legisladores denunciaron que funcionarios de ICE bloquearon o limitaron estas visitas de supervisión.
En respuesta, el 30 de julio de 2025, Espaillat, junto a otros once miembros de la Cámara de Representantes, presentó una demanda contra la Administración Trump-Vance, impugnando una nueva política de ICE que imponía un período de espera de siete días para visitas de supervisión y restringía el acceso a oficinas de campo de la agencia.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por abogados de Democracy Forward y American Oversight, argumentando que la política constituía una obstrucción ilegal a la supervisión congresual.
Posteriormente, el 17 de diciembre de 2025, el tribunal emitió una sentencia suspendiendo temporalmente la política de ICE y reafirmando el derecho de los miembros del Congreso a realizar visitas de supervisión sin previo aviso a instalaciones de detención y oficinas de campo donde permanezcan personas inmigrantes detenidas.
Espaillat, Goldman, junto con la congresista Nydia Velázquez y el congresista Robert García, presentaron la Ley de Protección del Debido Proceso en los Tribunales de Inmigración. La iniciativa busca impedir que agentes del DHS arresten o detengan a personas que asisten a audiencias en tribunales de inmigración, salvo mediante una orden judicial.
La propuesta legislativa también extendería protección a inmigrantes cuyos casos continúan activos y aún no han concluido con una orden final de deportación, fortaleciendo así las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia para miles de familias inmigrantes en Estados Unidos.
La reciente decisión judicial ha sido recibida con alivio por organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos civiles, quienes consideran que representa un paso importante para restaurar la confianza en el sistema judicial migratorio y garantizar que las personas puedan comparecer ante la corte sin temor a represalias o detenciones arbitrarias.
