La palabra clave de la nueva etapa comercial entre Estados Unidos y República Dominicana la dio el presidente Luis Abinader: «Empezar a cero». Con esa fórmula, el mandatario describió desde el Foro de Alimentación de la FAO en Roma el punto de partida de las negociaciones del acuerdo comercial recíproco entre ambas naciones, tras la derogación dominicana del Decreto 693-24 —que permitía hasta 23,300 toneladas de arroz sin aranceles desde finales de 2024—. La eliminación del decreto fue celebrada por la USA Rice, pero con un asterisco grande: las licencias de importación que aún exige República Dominicana para autorizar la entrada del cereal estadounidense, un régimen que la federación califica de «restrictivo» y que considera un mecanismo que «elude los compromisos» del DR-Cafta.
La directora de Comercio Internacional de USA Rice, Karah Janevicius, aplaudió «el importante progreso logrado por la administración Trump para contrarrestar la flagrante violación del DR-Cafta» y fijó la siguiente misión del gremio: que el acuerdo recíproco aborde las licencias «como un problema sistémico para el comercio», en trabajo conjunto con la USTR y el FAS. Abinader, por su parte, despejó cualquier lectura de debilidad: el país mantiene «la potestad de permitir la importación o no» por razones fito y zoosanitarias, y el arroz es un producto estratégico que depende de más de siete provincias y sostiene a más de 300,000 personas. La aspiración dominicana en la mesa: que Estados Unidos elimine la tasa del 12.5% aplicada a los productos dominicanos desde julio pasado. El expediente incluye además dos datos incómodos para Santo Domingo a ojos de Washington: las exportaciones estadounidenses de arroz apenas alcanzaron 15,920 toneladas (350,975.5 quintales) en 2025 bajo el régimen del decreto, y el USDA notificó que las ventas siguen atadas a «licencias de importación discrecionales» del Ministerio de Agricultura —una notificación que sugiere que el debate arrocero está lejos de cerrarse.
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