Un proceso de selección con debate incluido
El Consejo Nacional de la Magistratura vive días decisivos: 88 candidatos compiten por seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, y el proceso de vistas públicas ya produjo su primera polémica de fondo. El eje: el cúmulo de penas del nuevo Código Penal y su verdadera eficacia contra la delincuencia.
La tesis presidencial
El presidente Luis Abinader, quien encabezó la jornada junto a la vicepresidenta Raquel Peña, defendió la figura contemplada en la Ley 74-25 con un ejemplo pragmático: quien acumula diez fichas delictivas tiene pocas oportunidades reales de reinserción social. «Nunca se renuncia», aclaró, pero su escepticismo sobre los reincidentes crónicos fue evidente.
Su razonamiento se apoya en la adaptación: las sanciones deben responder a las modalidades criminales del presente, no a las de hace dos décadas.
La antítesis judicial
El juez Rafael Armstrong Báez García aportó la visión contraria desde su experiencia en la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Endurecer penas, advirtió, no ataca las causas del delito; y las condenas de 60 años en una nación con esperanza de vida de 72 años «no necesitan mucha explicación». El dilema de fondo, explicó, enfrenta la incapacitación con la reinserción, dos finalidades «irreconciliables» de la pena.
El punto de encuentro y la divergencia
Ambos coincidieron en que la prevención y el ataque a las causas sociales de la criminalidad son indispensables, aunque el Estado no puede impedir todo crimen. La divergencia quedó en el efecto disuasorio: Abinader afirmó que las penas severas «está probado» que disuaden; el juez puso esa certeza en entredicho.
El contexto policial que presiona el debate
La discusión transcurre mientras la Policía Nacional difunde un registro de más de 53,000 personas con órdenes de arresto pendientes, cifra que ilustra la magnitud del desafío de seguridad que enfrenta el sistema penal dominicano.
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