Con todo su equipo de seguridad en fila, el presidente Luis Abinader abrió una nueva sesión de evaluación del Plan de Seguridad Ciudadana, el mecanismo mediante el cual el Gobierno dominicano mide, ajusta y proyecta su estrategia contra el crimen. En esta ocasión, la revisión abarcó desde los resultados cosechados hasta las disposiciones adicionales que se aplicarán para ampliar la protección de la ciudadanía.

El escenario fue el Salón del Club de Oficiales del cuartel general de la Policía, donde los participantes hicieron un recuento minucioso de las tácticas en ejecución y debatieron los pasos siguientes del programa estatal.

Los rostros del aparato de seguridad

La lista de asistentes dibuja el tablero completo de la seguridad nacional. Estuvieron los ministros José Ignacio Paliza (Presidencia), Carlos Antonio Fernández Onofre (Defensa) y Faride Raful (Interior y Policía), junto a la cabeza de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

A ellos se sumaron los vicealmirantes Luis Rafael Lee Ballester (Migración), José Manuel Cabrera Ulloa (DNCD) y Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (Comando Conjunto Unificado), además del comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández.

Una red que cubre todo el territorio

La reunión contó, además, con mandos de agencias especializadas en tránsito, turismo, emergencias (911), escuelas y protección familiar (Dinnaf), así como con una comisión de fiscales procedentes de San Cristóbal, La Vega, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Duarte. También se hicieron presentes los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Oeste y del Distrito Nacional, Valverde, Hermanas Mirabal, Barahona, Peravia, Dajabón, Espaillat, Santiago y La Romana.

Más allá de la fotografía oficial, la cita ratifica un estilo de gestión: Abinader personaliza el seguimiento del plan en encuentros periódicos con todos los actores del sistema. La apuesta del Gobierno se apoya en datos que muestran una baja sostenida de los homicidios frente a ejercicios anteriores, fruto —según las autoridades— de los operativos coordinados que nacen precisamente de estas mesas de trabajo semanales.

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