La conclusión más contundente del informe de la ONU es estructural: la lucha contra las bandas y el crimen organizado en el Caribe «necesita ser atendida no solamente por quienes la ejecutan, sino por las redes que facilitan el intercambio de drogas, armas y productos ilícitos».

El Panel subraya que las rutas marítimas y las redes de tráfico facilitan el movimiento de droga y otros productos ilegales en todo el Caribe, y que las autoridades de Haití, República Dominicana, Jamaica y Estados Unidos —cada una desde su territorio— luchan por controlar flujos que no respetan fronteras. Las bandas haitianas se abastecen con armas de las fuerzas armadas dominicanas y haitianas, según los indicadores de trazabilidad, y el embargo de armas se viola «de manera regular».

El informe revela además que la extradición hacia Estados Unidos se ha consolidado como el principal mecanismo para sancionar a los operadores de estas redes, ante la falta de condenas efectivas locales: tres sospechosos entregados por autoridades dominicanas en Dajabón en junio fueron liberados luego por el sistema judicial haitiano, pese a la contundencia de las pruebas.

La recomendación final del Panel es una advertencia: mientras las rutas sigan abiertas, ninguna operación policial —por más constante que sea— podrá desarmar el conflicto. El Caribe necesita una respuesta coordinada, o el ciclo de drogas-por-armas seguirá alimentando la crisis.

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