De todas las imágenes del caso Oscar Bengal, hay una que ninguna de las partes puede disputar: la de un niño de cinco años en el asiento trasero de un Honda Civic plateado mientras siete balas atravesaban la tarde de Marble Hill, en El Bronx. Esa escena —mencionada en los carteles de la protesta, en los comunicados del alcalde y en los tribunales— ha convertido un operativo de inmigración más en un símbolo nacional del debate sobre los métodos del ICE.
El jueves 8 de octubre, agentes federales con chalecos de construcción y rostros cubiertos intervinieron a Bengal, dominicano de 28 años, cuando se estacionaba cerca de Marble Hill Avenue y la calle 225 Oeste. El DHS dice que intentaba embestirlos con el vehículo y que tiene vínculos con Los Trinitarios; sus defensores señalan que un hombre que se estaciona con su hijo a bordo no planeaba un enfrentamiento. Un agente disparó siete veces; una bala o sus fragmentos lo hirieron en el cuello, bajo la oreja izquierda.
«Su hijo de 5 años estaba en el asiento trasero», rezaba el cartel con la foto del agente identificado por los manifestantes como Brendan Cuni, en la marcha del viernes por el Bajo Manhattan que exigió su acusación por intento de asesinato. La protesta, convocada por la Coalición de Inmigración de Nueva York, unió a cientos de neoyorquinos de todas las edades bajo consignas en inglés y español —»ICE fuera de nuestras calles», «Aquí estamos y no nos vamos»— y la denuncia del sacerdote Fabián Arias: «No podemos aceptar que la gente tenga miedo de salir de sus casas, de ir a trabajar o de llevar a sus hijos a las escuelas».
El propio secretario del DHS, Markwayne Mullin, admitió que los agentes no sabían que el niño estaba en el auto, y el alcalde Zohran Mamdani subrayó que los agentes «empezaron a disparar» con el menor a bordo. Los abogados de Bengal lograron que un juez federal bloqueara temporalmente su deportación; ahora espera el proceso en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, mientras la fiscal general Letitia James promueve una «investigación completa y transparente» y la fiscal del Bronx, Darcel Clark, evalúa el caso.
Mientras tanto, el país suma contexto: operativos del ICE han dejado muertos y heridos en varias ciudades, más de 500 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en redadas migratorias según una investigación, y los arrestos superan los 40,000 casos con aumento marcado en Nueva York y Nueva Jersey. Con cerca de 19,000 personas «secuestradas» en el estado desde enero de 2025 —según Make the Road New York—, la pregunta de los manifestantes es cada vez más difícil de ignorar: si un niño puede presenciar el tiroteo de su padre en una calle de Nueva York, ¿quién protege a las comunidades de quienes deberían protegerlas?
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