El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la fiscal general del estado, Letitia James, ha anunciado una demanda federal contra la administración de Donald Trump para bloquear la nueva norma migratoria que busca denegar tarjetas de residencia permanente (green cards) a inmigrantes que reciban ayudas públicas. Esta acción legal, respaldada por 21 estados y varias ciudades, incluyendo Chicago, San Francisco y Seattle, fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La regla de carga pública, que está a punto de entrar en vigor este viernes, representa un retroceso significativo en las políticas migratorias, eliminando los avances logrados durante la administración de Joe Biden. Bajo esta norma, los funcionarios de inmigración tendrán mayor discrecionalidad para denegar residencias a inmigrantes que, según su criterio, puedan depender de ayudas gubernamentales en el futuro.
Mamdani ha sido enfático al afirmar que el objetivo es detener por completo la implementación de esta norma. En una rueda de prensa, el alcalde denunció que esta política es un «intento descarado de privar a los inmigrantes de los servicios esenciales a los que tienen derecho». Además, alertó que «algunas familias ya han comenzado a renunciar a servicios esenciales» por temor a perder su estatus migratorio. Según estimaciones, hasta 4 millones de personas en todo el país, incluyendo 1.8 millones de niños, podrían darse de baja de su seguro médico como consecuencia de esta medida.
El impacto de esta norma podría ser devastador. Mamdani advirtió que la tasa de mortalidad prematura en las comunidades de inmigrantes en Nueva York podría aumentar hasta un 10.6% en los próximos cinco años. Entre los programas afectados se encuentran Medicaid, los cupones de alimentos SNAP y la asistencia de vivienda asequible, servicios vitales para muchas familias inmigrantes.
El alcalde reafirmó el compromiso de la ciudad: «Vamos a agotar todos los recursos para proteger a los neoyorquinos», calificando la postura del gobierno de Trump como «cruel». Esta demanda refleja el compromiso de Nueva York y sus aliados con la protección de los derechos de los inmigrantes y el acceso a servicios públicos esenciales.