En cuestión de días, Santiago Peña pasó de ocupar la Presidencia de Paraguay a convertirse en acusado ante el Congreso. Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó someterlo a un juicio político por «un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones», horas después de que el mandatario anunciara su renuncia en un video difundido por la red social X.

«Hago la renuncia pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», declaró Peña, quien además sostuvo que «ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay» y pidió disculpas al pueblo «si en algún momento he fallado», sin asumir la responsabilidad por la crisis bancaria que precipitó su salida.

El detonante del colapso político fue la intervención de Ueno bank, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay mediante un proceso de resolución o cierre. La entidad, vinculada al saliente mandatario, recibió durante su gestión millonarios recursos de instituciones públicas, y su caída congeló los fondos de miles de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, donde el banco contaba con 2.9 millones de usuarios.

Según el ente emisor, el índice de solvencia de la institución había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización», un dato que agravó la crisis de confianza en el sistema y en el propio gobierno.

La sesión en la Cámara baja, de casi dos horas, reunió a 78 diputados que respaldaron la acusación y remitieron el expediente al Senado, llamado a decidir el rumbo del proceso. El debate estuvo cargado de reproches: el legislador Carlos Pereira llamó a los ciudadanos a continuar presionando para que «los culpables» de la caída del banco, en alusión a Peña, «paguen» con cárcel, mientras la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, acusó al expresidente de haber creado «un esquema» para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno.